En la ciudad de Trelew se desarrolla un juicio oral y público en el que se busca deslindar la responsabilidad penal de un grupo de policías acusados por un horrible homicidio.
El hecho ocurrió en las proximidades de un boliche bailable de Trelew, donde los uniformados habrían sometido a una durísima e injustificada golpiza a varios jóvenes, dándole muerte a uno de ellos y deteniendo ilegalmente a otros.
Luego del hecho aberrante se habría utilizado un automóvil policial para arrojar el cadáver en un barrio de Trelew, donde la maniobra fue presenciada por los vecinos.
Durante la sustanciación del proceso se denuncia el hostigamiento de la institución a los testigos, lo que incluiría amenazas de muerte y otra serie de gravísimas irregularidades propias de una actitud corporativa reñida con todos los principios legales de organización del estado.
Podría creerse que este hecho es excepcional, pero lamentablemente no es así.
Hace pocos meses, y en la misma ciudad, un uniformado habría disparado una escopeta de repetición con postas plásticas desde el interior de un móvil policial, a la cabeza del conductor de otro rodado, causándole la muerte.
En otro hecho aberrante, varios uniformados sometieron sexualmente a un joven detenido por una insignificante contravención (discutir con la novia en la calle).
Frente a estos hechos de la realidad, parecería que quienes teorizan que la policía del Chubut es una policía comparativamente “más limpia” que la Bonaerense o la Federal están totalmente equivocados.
También carece de sustento enaltecer la policía del pasado y creer que estas circunstancias son problemas de la actualidad, pues si repasamos objetivamente y con rigor histórico cómo se manejaban los policías de antaño, las glorias y los bronces no tendrían resplandor.
El nuevo Gobierno provincial ha reaccionado frente a estos hechos descabezando a la cúpula policial. Pero estas alternativas de gestión tienen un costo para la sociedad, pues por alguna herencia reglamentaria de la época castrense la promoción a la Jefatura de un comisario de menor antigüedad o jerarquía implicaría el pase a retiro de los oficiales superiores más antiguos.
Quizás la solución no pasa por el Jefe de la fuerza, sino porque las modificaciones y reformas lleguen a los agentes de base que todos los días realizan el trabajo de seguridad. En este estado de cosas, por luminoso que sea, el Jefe de la Policía no tiene la posibilidad de modificar la realidad de las comisarías ni el servicio que percibe la población, sino luego de años de trabajo.
Y ello es así porque en materia de seguridad hay una “inercia” donde los desaciertos del pasado se pagan en la actualidad. Quien fue mal seleccionado y carecía de los valores humanos necesarios para ser buen policía, permanecerá trabajando como un mal empleado hasta ser expulsado por un sumario, procesado por un crimen o acceda a la jubilación.
Los automóviles obsoletos estarán meses o años prestando un mal servicio hasta que el estado invierta en su reemplazo. La estructura de recursos humanos seguirá mal hasta que alguien rediseñe la carrera administrativa.
Los cambios se dan en el tiempo, y quien conduzca la fuerza deberá empezar a trabajar siguiendo un plan claro, sostenerlo durante años y cosechar resultados tardíos. Pero a la vez su autoridad y la permanencia en el cargo parecerían depender de un delicado equilibrio que se puede alterar por fenómenos imponderables. Se es jefe hasta el próximo hecho aberrante; luego oficial retirado.
Hemos llegado aquí porque frente al deterioro de la seguridad pública la respuesta del sistema político quedó acotada a aumentar el número de efectivos (con grave afectación de los criterios de selección y calidad de la formación) y hacer más rápido el proceso judicial.
Ambos objetivos se han logrado a un costo fiscal elevadísimo. Las condenas se obtienen antes del año y tenemos muchos policías pésimamente preparados. La comunidad paga los sueldos y sepulta a los muertos de su nueva policía brava, sin haber avanzado ni un ápice en la calidad del servicio de seguridad.

¿COMO SE SALE?
La lógica actual demanda un replanteo del servicio policial que necesita de la habilidad civil, siendo preferible que nadie pase a retiro, los hombres ya formados continúen trabajando y encomendar la jefatura de la fuerza a un estadista civil. Si hay que modificar los reglamentos, se modifican.
Cambiar la calidad del servicio policial pasa por volcar los principios y deseos políticos, en actos administrativos y procedimientos firmes, escritos y estables en el tiempo.
La política de seguridad debería discutirse como plan concreto en la Legislatura, asegurando el control de las minorías y presupuesto suficiente para su ejecución. Así, adquiriendo estabilidad política, las acciones de seguridad seguirán ejecutándose sea quien fuere el jefe de la policía.
El plan debe asegurar mecanismos democráticos de control del servicio policial; control que lejos de encomendarse a un organismo interno de la fuerza debe apoyarse en la opinión del usuario, el propio vecino.
Los encargados de la seguridad del barrio deben ser conocidos por todos, publicitado el nombre y el teléfono de los comisarios y los oficiales de servicio, de manera que todos sepan a quiénes corresponde la responsabilidad de vigilar.
Debe homologarse un procedimiento de auditoría de los procesos internos y adherir a los programas internacionales de control de las buenas prácticas policiales. Mejorar los sistemas, la logística y la capacitación. Debe emprenderse urgente una reforma contravencional que permita recuperar la autoridad del policía, sin desmedro de la calidad de vida.
Frente a un problema delicado, debemos proceder con inteligencia y racionalidad, con responsabilidad democrática. Sin rechazar la ayuda que pueda darse, es el Chubut quien debe asumir su responsabilidad como estado miembro de una organización federal y resolver con sus recursos y creatividad sus propios problemas.