Panamá, 11 de julio (Télam).- El vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, encabezó hoy el segundo intento oficial de negociación con dirigentes sindicales en busca de hallar una solución a la huelga que afecta las exportaciones de banano a Europa y en torno de la cual se generaron choques armados que provocaron dos muertos y unos 400 heridos.
La situación en la provincia Bocas del Toro, limítrofe con Costa Rica, era hoy de tensa expectativa y la Policía Nacional logró reabrir la ruta Almirante-Changuinola, que había sido tomada por manifestantes, según reportó la agencia de noticias DPA.
La carretera estaba aún llena de escombros, pero pudieron ingresar por ella algunos camiones con víveres para Changuinola, que se encontraba aislada desde el jueves, sin siquiera tráfico aéreo.
La reunión entre Varela y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la empresa Bocas Fruit Company fue precedida por disturbios ocurridos en la noche del sábado, cuando se quemaron vehículos del gobierno y fueron saqueadas las oficinas del Ministerio de Trabajo tras confirmarse la muerte de dos obreros.
El vicepresidente manifestó confianza en que ambas partes alcancen un acuerdo satisfactorio tras los enfrentamientos y algunos diputados que integraron la comitiva oficial pidieron el cese de las hostilidades en Changuinola, un distrito con mayoría indígena.
La negociación tuvo lugar luego de que la Iglesia católica exhortara a que cesara la violencia y de que la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos deplorara los disturbios.
Los obreros indígenas exigen la derogación de la Ley 30, conocida como "Ley 9 en 1", que modifica normas sobre la sindicalización y concede facultades a las empresas para que decidan sobre la vida sindical y el descuento de cuotas pagadas por los afiliados, lo que favorece a los "sindicatos amarillos", plegados a los patronos.
La norma cuestionada modifica además otros aspectos laborales y ambientales, y concede a los agentes de policía la potestad de disparar sin correr el riesgo de ser detenidos luego.
Las demandas de los trabajadores bananeros son compartidas por sindicatos, gremios docentes y organizaciones ambientalistas, que preparan marchas y acciones de protesta contra el gobierno y el irrespeto a los territorios indígenas.
La ministra de Trabajo, Alma Cortés, afirmó que es "imposible" que la legislación que desencadenó la crisis sea abolida, porque fue concebida para la atracción de inversiones.
El gobierno confirmó la muerte de dos indígenas en enfrentamientos en Changuinola, pero fuentes extraoficiales estiman que la cifra de víctimas sería más alta, debido a la intensidad de combates en los que han sido usadas armas de fuego.
En el Hospital de Changuinola fueron atendidas unas 125 personas, de las cuales 47 fueron trasladadas a la capital panameña, debido a serias lesiones en los ojos.
Algunos policías que habían sido capturados y desarmados por los indígenas fueron liberados en las últimas horas por contingentes de agentes antimotines y refuerzos trasladados a Bocas del Toro, pero faltaban datos de personas denunciadas como desaparecidas.
La represión policial generó una elevada cantidad de heridos que sobrepasaba la capacidad hospitalaria de Changuinola, mientras la Policía Nacional había iniciado en otras ciudades de Panamá la búsqueda selectiva de dirigentes obreros a los que considera fuera de la ley.
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, sostuvo que el alzamiento en Changuinola es protagonizado por indígenas bajo los efectos del alcohol, declaración que provocó un repudio generalizado en los programas dominicales de opinión en radios locales.
Por otra parte, aumentaron las denuncias de abusos oficiales, por la detención el sábado de dirigentes sindicales, docentes y religiosos en el barrio de Calidonia, en la capital panameña.
Tras los cuestionamientos por la represión, el presidente Ricardo Martinelli acusó al socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD) de instigar incidentes en Bocas del Toro, y el secretario general de esa organización, Mitchell Doens, respondió que el mandatario se manchó las manos con sangre indígena.
Por otro lado, las autoridades reconocieron que proseguían las pesquisas para detener a Saúl Méndez, secretario de Organización del Sindicato Unico de la Construcción y Similares (Suntracs), a quien el gobierno acusa de organizar "protestas ilegales" en el Canal de Panamá y alreraciones del orden público. (Télam)